“América Latina es pionera en materia de normativas contra la violencia hacia la mujer”

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha fue declarada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1999 y se vincula al aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal, conocidas como las mariposas, opositoras a la dictadura de Leónidas Trujillo en la República Dominicana. En el marco de esta fecha, y desde una perspectiva comparada de América Latina, la socióloga Ana Laura Rodríguez Gustá, investigadora del CONICET del Instituto de Investigaciones Políticas (IIP, CONICET-UNSAM) e integrante de la Comisión de Sociología y Demografía dependiente de la Gerencia de Evaluación y Planificación del Consejo, analiza las condiciones socioestructurales de la desigualdad de género y las políticas públicas que se llevan a cabo para abordar la violencia contra las mujeres.

Con respecto a la efeméride, destaca que “las fechas son fundamentales ya que visibilizan y ponen temas en agenda”, e invita a reflexionar sobre cuáles han sido los avances en la materia y la complejidad de la violencia contras las mujeres. En principio, resalta: “América Latina se destaca por un marco regulatorio temprano con normativas potentes a través de, por ejemplo, la Convención Belém do Pará, el Comité de Seguimiento MESECVI. El sistema interamericano es un puntapié que diferencia a la región y la hace pionera incluso frente a Europa Occidental en este tema”. En este sentido, menciona los avances en Argentina a través de normas como la Ley N° 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en todos los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales; la reforma en el Código Penal que incorpora el homicidio agravado por razones de sexo-género; y la Ley Micaela, que obliga a la totalidad del funcionariado a capacitarse en temas de violencia por razones de género. “Hay otros países que están analizando cómo podrían tener a nivel del gobierno local algo análogo a la Ley Micaela”, comenta a partir de las manifestaciones de colegas de México y Colombia en el marco de mesas de diálogo regionales.

Asimismo, destaca el trabajo e implementación de protocolos ampliamente difundidos entre las universidades y el CONICET y observa que “los sindicatos son actores relevantes para difundir en el mundo laboral los protocolos para prevenir y erradicar las situaciones de violencia”. Y reflexiona: “Tenemos un andamiaje institucional robusto y estamos sensibilizando a los diferentes actores”, a la vez que advierte que “la capacidad de reproducción de las relaciones desiguales son muy creativas, más aún en un contexto pospandemia, que mostró las limitaciones aún latentes en la distribución de tareas, espacios ocupados por hombres y por mujeres y la respuesta institucional ante casos de violencia”.

Índices e indicadores

Rodríguez Gustá comparte los aportes que se hacen desde la Sociología al problema estructural y multicausal de la violencia. Explica que “según un análisis del Fondo de Poblaciones de la Naciones Unidas, un organismo internacional que vela por el cumplimiento de los derechos reproductivos y el acceso a la información de todas las personas en cuanto a salud sexual y reproductiva, América Latina, luego de África Subsahariana, es el segundo continente con la tasa mundial más alta de embarazo adolescente”, y explica que “cuando se habla de embarazo adolescente o temprano, en realidad se esconde violencia sexual. Sobre todo cuando ocurre en niñas y adolescentes de entre 9 y 14 años”.

Asimismo, menciona la brecha que aún se mantiene en el acceso de las mujeres al mercado laboral. “De acuerdo con la CEPAL, el índice de feminidad de la pobreza hacia el 2019 era del 113% con respecto a los varones. E incluso quienes acceden, dentro de los grupos más vulnerables, lo hacen en trabajos informales y precarizados”. Con estos datos, concluye: “La violencia empieza en niñas y adolescentes en forma de violencia sexual lo que se conjuga con la falta de autonomía sobre los cuerpos y el desigual acceso a métodos de prevención y cuidado. A su vez, sobreviven los estereotipos, las discriminaciones y los roles de género”.

Al entrecruzar estos factores, menciona que la institucionalidad se enfrenta con una microgestión de la vida cotidiana que muchas veces hace imposible que las situaciones de violencia sean abordadas en su complejidad. Más aún cuando hay problemas institucionales como por ejemplo en aquellos femicidios ocurridos cuando ya habían denuncias contra quien resultó ser el femicida.

Aportes desde las Ciencias Sociales

Rodríguez Gustá analiza las políticas públicas desde el marco del mainstreaming de género establecido en la Plataforma de Acción de Beijing que surgió con la IV Conferencia de la Mujer en Beijing. “La adopción de esta estrategia para abordar las desigualdades de género es oportuna porque conlleva el compromiso del Estado en todos sus sectores y niveles. Esto implica voluntades políticas expresas, recursos e instrumentos adecuados de gestión pública, así como también movilización social y veeduría ciudadana que pueda monitorear las acciones públicas”, comenta.

Comparte tres experiencias exitosas en las que se aplicó el mainstreaming de género en los ámbitos locales: “El caso más exitoso fue el de Montevideo con una serie de articulaciones entre el Estado y las mujeres organizadas que han permitido avances en la denuncia de la violencia contra las mujeres. Por su parte, Argentina cuenta con el caso temprano de Rosario, que también introdujo planes y programas de carácter transversal en todas sus áreas; y la experiencia en el municipio de Morón, donde el Consejo de las Mujeres permitió un diálogo democrático directo entre el ejecutivo local y las mujeres de la sociedad civil”. En esa línea de investigación, en la actualidad, se encuentra realizando un relevamiento sobre políticas de género en Argentina, Colombia y México.

En el marco de conmemoración de un nuevo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la científica reflexiona que los estudios feministas y de género “muestran la eficacia de las mujeres organizadas en lograr las transformaciones y que las leyes y protocolos se hicieron con y por mujeres en alianza”. A su vez, destaca: “La investigación científica muestra cómo se fueron acumulando los avances que se han hecho en materia de violencia contra las mujeres y los factores que la explican”, y considera que “hay que prestar atención a aquellos estudios estructurales y sociodemográficos que muestran ciertas limitaciones en las capacidades del Estado como la falta de información unificada y cruzada para continuar avanzando en la prevención y atención de las violencias”.

Rodriguez Gustá concluye: “Las mujeres, necesitamos burocracias con tecnologías, capacitadas, modernas, dinámicas, con equipos coordinados y rápidas conexiones. Una mujer que sufre violencia no puede deambular de ventanilla en ventanilla, el Estado tiene que ser uno solo para esa mujer. Un Estado sectorial, con poca tecnología, perjudica la erradicación de la violencia contra las mujeres”.